Habrá que decidirse
Dicen que vivimos en un mundo globalizado, que las fronteras son historia, que se puede circular libremente por el planeta. No cabe la menor duda de que el dinero circula sin problema alguno. Con las personas es otro cantar. Hay quien se mueve con absoluta libertad y quien tiene que recurrir a las ayudas públicas y a organizaciones de caridad, cuando no a la patera, para intentar satisfacer sus necesidades básicas: comer, dormir bajo techo, encontrar trabajo y acceder a la educación.
Los grandes profetas de la economía andan estos días repartiendo recetas para salir de la crisis. Reforma laboral y libre mercado -más libre mercado- afirman que son necesarios para volver a ser lo que fuimos (?). Entretanto, dudan de la oportunidad de ir retirando las ayudas públicas al sector financiero, temiendo que de hacerlo volveríamos a caer en una crisis profunda.
Me sorprende la contradicción entre exigir por un lado libre mercado y por otro proteccionismo, pues proteccionismo y no otra cosa es lo que parece se demanda para sacar a la agricultura de la situación en que se encuentra. De economía sumergida y de márgenes comerciales se habla poco, de inversión en I+D+i mucho, si es el Estado quien la sufraga mayoritariamente (en España las administraciones públicas aportan el 70%). Se habla también de reducir el gasto público, sin decir cómo; y de la ya citada reforma laboral, sin aclarar en qué debe consistir.
A día de hoy sigue sin saberse nada de los 54.000 millones de euros en billetes de 500 que están fuera del control del Banco de España. Sobre la economía sumergida parece haberse tendido un tupido velo. Distintos estudios de organismos como el Banco de España, el Instituto de Estudios Fiscales, la Unión Europea o el Consejo Económico y Fiscal, la situaban hace un año entre el 20 y el 25% del PIB, lo que equivale a 240.000 millones de euros, aproximadamente. Según finanzas.com, el colectivo de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) sitúa el fraude en el IVA en 71.156 millones entre 2000 y 2008. GESTHA, en sus Estudios sobre Evolución de los Alquileres Sumergidos en España del pasado año, señalaba que «el 60% de los alquileres que se realizan en España no se declaran anualmente a Hacienda, lo que supone que seis de cada diez arrendamientos localizados actualmente en España presentan irregularidades»
Peor todavía hoy sale el dato que la presión fiscal es el 33% del PIB, o sea, que sobre la economía sumergida lo que se está dejando de ingresar son 82.500 mill. de euros. Ayer era tremendo, hoy de escándalo.
Es posible que el fraude fiscal en España sea su gran problema irresoluto. El 25% del PIB es economía sumergida! Es una verdadera barbaridad. No se a qué esperamos para resolver este problema. Podría aportar más de 30.000 mill. a las arcas públicas, casi el doble del déficit previsto para final de 2009, 17.000 mill.
Tremendo el tema.